Pagos a artistas del Gabinete Social carecían de facturas y registro de la Contraloría.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana presentó un informe que revela diversas irregularidades cometidas por el Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS) en la entrega de fondos a los artistas en diciembre de 2020.

Según el informe, se asignaron fondos provenientes de la Presidencia de la República por un total de RD $03,217,000.00, emitiendo cheques a favor de los artistas por un valor de RD $55,400,000.00.

Entre las observaciones e irregularidades encontradas durante la investigación especial, se destaca que el GCPS no llevó a cabo la publicidad y difusión del proceso de excepción en los portales correspondientes, y no tuvo en cuenta los principios de igualdad, libre competencia, equidad y participación en la distribución de los fondos, lo cual demuestra la falta de transparencia, participación e igualdad en el proceso.

Durante la investigación, el personal de la Cámara de Cuentas constató que no se registraron los contratos en la Contraloría General de la República, como exige la Ley 10-07 del 8 de enero de 2007, que establece el Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría General de la República.

Además, no se presentaron facturas con Número de Comprobante Fiscal (NCF) Gubernamental para respaldar los pagos realizados.

También se encontraron discrepancias en las cédulas de identidad y electoral de Ferlyn José Cruz Oliva, Diomedes Nicolás Nuflez Guzmán y José Luís Peralta Guzmán, quienes recibieron pagos por un total de RD$2,750,000, y las cédulas registradas en el contrato no coinciden.

El GCPS también realizó desembolsos por un total de RD$32,050,000, mediante 24 cheques, con fechas anteriores a la firma del contrato.

Además, se constató que el perito designado no firmó las especificaciones técnicas, como lo establece el Reglamento de Aplicación de la Ley n.° 340-06 y sus modificaciones.

Se observó que el Comité de Compras y Contrataciones del Gabinete de Coordinación de la Política Social no estaba constituido por el Consultor Jurídico de la entidad ni por el responsable del área de Planificación y Desarrollo, a pesar de estar estructurado según las resoluciones y actas citadas.

También se realizó una contratación con el senador Héctor Acosta, quien tiene prohibición para contratar con el Estado.

Se determinó que ninguno de los artistas que recibieron el dinero son proveedores del Estado.

Finalmente, se destacó que la entidad no retuvo el monto de RD$5,540,000, correspondiente al 10% del impuesto sobre la renta, como lo indica la Ley n.° 11-92, que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana y la Ley n.° 253-12.

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